jueves, 10 de septiembre de 2009

Editorial: Coherencia en las politicas de gobierno


Por: Marino Quintero Tovar
Presidente ASOTRANS
marinoquin@yahoo.com

El gobierno del presidente, Álvaro Uribe Vélez ha desarrollado tres líneas gruesas que enmarcan todo el desempeño de su gestión gubernamental: La seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social. Estas directrices han consolidado una serie de logros que generan en el ambiente y en la opinión pública una popularidad permanente. El transporte nacional ha sido el primero en celebrar el aporte de la seguridad democrática a su desarrollo y a la tranquilidad en el cumplimiento de su encargo estatal de transportar a los colombianos.

Volvimos a transitar confiados las carreteras y aunque se presentan hechos aislados de terrorismo es evidente el progreso en esta materia. El transporte nacional ha sido el primero en celebrar el aporte de la seguridad democrática a su desarrollo y a la tranquilidad en el cumplimiento de su encargo estatal de transportar a los colombianos. Volvimos a transitar confiados las carreteras y aunque se presentan hechos aislados de terrorismo es evidente el progreso en esta materia.

Esta primera tarea de gobierno ha estado en cabeza de las fuerzas armadas y en las instituciones como el Ministerio de Defensa que coordina con la policía nacional toda la labor de brindar paz a los gobernados.

La segunda tarea está relacionada con la confianza que todo inversionista debe tener
para poder crear empresa y generar empleo en el marco de una normatividad y de una economía que le generen estabilidad. Hay sectores que les ha ido muy bien en esta línea de comportamiento gubernamental. La pregunta que nos hacemos es, sí el transporte colombiano puede afirmar que está seguro de su inversión, sí tiene hoy la confianza de seguir aportando al empleo y a la participación democrática, sí puede hablar de permanencia en el negocio, esta tarea debía realizarla el Ministerio de Transporte.

Hay muchos interrogantes que hacerse y que todo transportador tiene la obligación existencial de cuestionarse para que haya verdadera claridad en lo que respecta a su futuro. La implementación de los transportes masivos siguió la orden presidencial de incluir a todos los transportadores tradicionales?, Está garantizada la rentabilidad de dichos sistemas para lograr la permanencia del inversionista más débil?, Que pasó en Pereira? Cómo va el MIO en Cali?. Soplan vientos de concentración de capital y búsqueda de socios estratégicos para la sostenibilidad del proyecto.

Es verdad que los sistemas integrados solo buscan la factibilidad económica del masivo a costa de la existencia de las empresas colectivas urbanas y de las intermunicipales de zona de influencia?
Hay confianza inversionista cuando la condición para participar en los nuevos sistemas de operación, masivo, ciudades amables, sistemas integrados y operadores intermunicipales es la desaparición legal y física de las empresas de transportes? El futuro del transporte estará en la informalidad?, pues esta ha crecido durante este gobierno por la falta de control.

Si las respuestas confirman la existencia de esa confianza inversionista el gobierno del presidente Uribe le estará cumpliendo al transporte con la equidad y la justicia social que un gobernante debe garantizar a todos los sectores. Pero si la respuesta es negativa que va a hacer la industria para defender su permanencia? Conocerá la Presidencia las consecuencias sociales de la falta de seguridad jurídica que sufre la actividad transportadora? Los efectos sobre la cohesión social se verán cuando se hagan visibles los que han sido transportadores toda la vida, empresarios, inversionistas, accionistas, conductores, trabajadores y que estén engrosando la estadísticas de desempleo.

Hay que hacer los estudios y los análisis que conduzcan con objetividad a una evaluación clara y honesta sobre las políticas aplicadas a la industria del transporte y las consecuencias que de ella se derivan. De esa evaluación saldrá la respuesta categórica sobre el cumplimiento de las tres directrices del gobierno actual en materia de transporte.